Elecciones 2019: la responsabilidad de elegir

Género

El 2018 fue un año bisagra en relación a la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias: por primera vez en la historia de nuestro país, se debatió en el marco del Congreso de la Nación un proyecto por la despenalización y legalización del aborto. El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no sólo fue tratado en ambas cámaras legislativas, sino que recibió media sanción de las diputadas y diputados que, luego de lo que se considera un debate histórico, aprobaron la iniciativa con 129 votos.

Hoy se cumple 1 año de la media sanción, un día histórico en el que la sociedad civil en su conjunto se reunió en las calles de cada ciudad para exigir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

El resultado de esta votación posibilitó el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación, que se realizó el 8 de agosto, jornada en la que las y los legisladores tomaron la decisión de rechazar la posibilidad de que las mujeres, lesbianas, travestis y trans puedan construir libremente su proyecto de vida.

Debate en el que decidieron que miles de personas gestantes sigan siendo víctimas fatales de abortos clandestinos porque no pueden acceder a una intervención segura, en el marco de un sistema que las contenga, asesore y acompañe.

La penalización del aborto es esencialmente una cuestión de salud pública, porque el aborto inseguro genera serios riesgos para la salud de mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) sostiene que en los países que regulan al aborto bajo un modelo de indicaciones amplias; la incidencia y las complicaciones derivadas de un procedimiento inseguro son menores que en los Estados en los que el aborto es legal pero está restringido.

De acuerdo a nuestro marco jurídico, Argentina adhiere a lo que se conoce como “sistema de causales”. Esto quiere decir que el aborto está penalizado, a excepción de determinados supuestos, que quedan delimitados en el Artículo 86 del Código Penal la Nación; a saber: a) en caso de peligro para la vida o salud de la mujer y b) en caso de violación o atentado al pudor de mujer “idiota o demente”.

Sin embargo estos procedimientos han sido (y siguen siendo) frecuentemente limitados en la práctica debido, principalmente, a la interpretación restrictiva de los causales, a la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y a la judicialización indebida.

Por otro lado, la ausencia de plazos máximos para las decisiones profesionales, administrativas o judiciales, genera demoras en la producción del diagnóstico y la prestación del servicio, lo que puede prolongar el riesgo físico y de muerte y causar serios daños en la mujer por las múltiples instancias y la prolongación de una gestación que se intenta interrumpir.

En marzo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a través del caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”) dictó una sentencia histórica, a través de la cual reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por ley y resaltó el deber del Estado de desmontar las barreras y obstáculos.

Por esta razón, concluyó que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones; así como exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a ejercer su derecho.

A 7 años del fallo, sólo 12 de nuestras 23 provincias han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan en buena medida a los criterios establecidos por la CSJN.

Sin embargo, todas las semanas se conocen casos en los cuales no se garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Donde la normativa o las prácticas son ambiguas y existe la amenaza de la penalización, se favorece la estigmatización de las mujeres y su acceso efectivo a un aborto legal.

La despenalización y la legalización resultan instancias fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

En ese marco, las elecciones se transforman en una instancia decisiva en la lucha por nuestros derechos.

 

El voto no sólo es una herramienta para elegir a nuestros y nuestras representantes; es un momento de protagonismo que tenemos como sociedad para definir cuál será nuestra historia futura. Es una oportunidad para decidir quienes, no sólo en los discursos sino también en los hechos, serán los responsables de que accedamos a un sistema de salud pública de calidad o que permanezcamos en la clandestinidad.

Senadores y senadoras que avalan la clandestinidad

 

  1. Alperovich, José Jorge
  2. Basualdo, Roberto Gustavo
  3. Blas, Ines I.
  4. Boyadjian, Miriam Ruth
  5. Braillard Poccard, Pedro
  6. Brizuela y Doria, Ines  
  7. Bullrich, Esteban
  8. Closs, Maurice
  9. Cobos, Julio
  10. Crexell, Carmen Lucila
  11. De Angeli, Alfredo Luis
  12. Elias de Perez, Silvia Beatriz
  13. Espínola, Carlos Mauricio  
  14. Fiad, Mario R.
  15. Fiore Viñuales, María C. del Valle
  16. García Larraburu, Silvina Marcela
  17. Giacoppo, Silvia del Rosario
  18. González, María Teresa Margarita
  19. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa  
  20. López Valverde, Cristina
  21. Marino, Juan Carlos
  22. Martínez, Julio
  23. Mayans, José Miguel Ángel
  24. Menem, Carlos Saúl
  25. Mera, Dalmacio
  26. Montenegro, Gerardo Antenor
  27. Pinedo, Federico
  28. Perotti, Omar Angel
  29. Poggi, Claudio
  30. Porcel de Riccobelli, Blanca
  31. Reutemann, Carlos Alberto
  32. Rodríguez Saá, Adolfo
  33. Romero, Juan Carlos   
  34. Rozas, Ángel
  35. Snopek, Guillermo
  36. Solari Quintana, Magdalena
  37. Tapia, María Bélen
  38. Uñac, José Rubén.
  39. Urtubey, Rodolfo Julio
  40. Varela, Marta

 

Senadores y senadoras a favor de la legalización

 

  1. Aguilar, Eduardo Alberto
  2. Almirón, Ana Claudia
  3. Caserio, Carlos Alberto
  4. Castillo, Oscar Aníbal
  5. Catalán Magni, Julio César
  6. Costa, Eduardo
  7. Durango, Norma Haydee
  8. Fernández de Kirchner, Cristina
  9. Fernández Sagasti, Anabel
  10. Fuentes, Marcelo Jorge
  11. González, Gladys
  12. González, Nancy Susana
  13. Guastavino, Pedro Guillermo Angel
  14. Ianni, Ana María
  15. Kunath, Sigrid Elisabeth
  16. Lovera, Daniel Aníbal
  17. Luenzo, Alfredo Héctor
  18. Martínez, Ernesto Félix
  19. Mirkin, Beatriz Graciela
  20. Odarda, María Magdalena
  21. Ojeda, José Anatolio
  22. Pais, Juan Mario
  23. Pereyra, Guillermo Juan
  24. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos
  25. Pichetto, Miguel Ángel
  26. Pilatti Vergara, María Inés P. E.
  27. Rodríguez Machado, Laura Elena
  28. Sacnun, María de los Ángeles
  29. Schiavoni, Humberto
  30. Solanas, Fernado Ezequiel
  31. Verasay, Pamela

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