Foto: Rodrigo Mendoza
Agustín Salvia no duda en afirmar que el impacto del Plan Abre es robusto en los 66 barrios donde viene siendo aplicado por el gobierno provincial, destaca fortalezas pero también debilidades especialmente a la hora de evaluar la ejecución de infraestructura básica tan necesaria en esas zonas. El director de investigación del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina (UCA) participó ayer en Santa Fe, y lo hará hoy en Rosario, en el llamado foro ‘Territorios de vida’ donde el Estado y la sociedad civil debaten sobre las obras y acciones que mejoran los barrios en el marco del Plan Abre, la política social integral que el gobierno de la provincia y los municipios de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Pérez llevan adelante para mejorar la vida de los barrios.
El objetivo es debatir problemáticas comunes, repensar políticas públicas para abordar esas dificultades junto a urbanistas, sociólogos y especialistas en acompañamiento familiar, de la juventud y políticas públicas territoriales.
Salvia, especialista en desigualdad, pobreza y mercados de trabajo, conoce el funcionamiento del Abre ya que desde 2014 hace desde la UCA la evaluación externa del programa. “Desde el gobierno nos han solicitado un monitoreo y evaluación del Plan Abre desde una instancia independiente, externa, académica.
El Observatorio es un centro de investigación científica que avanza en materia de indicadores sociales y que evalúa políticas sociales. Comenzamos en 2014 donde hicimos el primer relevamiento y ahora estamos en la tercera etapa. Ya terminamos el tercer relevamiento teniendo una información mucha más precisa no solo sobre los resultados que inicialmente se había propuesto en programa, sino también una evaluación sobre aciertos, problemas y desafíos que enfrenta”.
– ¿La evaluación sigue siendo positiva?
– Como todo programa de gobierno se plantea buenas acciones y hay que evaluar si efectivamente logran los resultados esperados. Se pueden invertir muchos recursos y hacer muchos esfuerzos aunque no necesariamente podría tener los efectos esperados. El balance muestra que en los lugares donde se había focalizado inicialmente -33 barrios – eran efectivamente espacios vulnerables, que requerían la intervención política en materia de desarrollo humano, integración social, desarrollo social integral. Valorábamos un diseño que tenía como característica la multidireccionalidad y la integralidad de las intervenciones. Describimos luego el aumento a 66 barrios, una escala muy importante, con más desafíos para lograr resultados en desarrollo humano e integración social. Fuimos monitoreando y destacamos el valor del diseño, y en 2014 y 2015, observamos que la población estaba adecuadamente focalizada y que las intervenciones iban teniendo efecto, pero esperábamos una maduración de esos efectos. En el informe 2018 logramos mostrar en una serie de indicadores que el impacto es robusto, significativo. Hay déficit, tareas pendientes pero estamos hablando de que mejoró cualitativamente las condiciones de vida, la infraestructura social de los barrios más pobres; hubo una fuerte reducción de los hechos de inseguridad en lugares donde se intervino; hubo una mayor integración de jóvenes sin secundario en tareas educativas, deportivas y sociales y de jóvenes y adolescentes en general y hubo una mayor participación de la comunidad en actividades sociales, deportivas, comunitarias e incluso políticas. Se demostró que el programa en su integralidad tiene una filosofía interesante más allá de cuánto se logró en cambios de infraestructura. Acá hay temas pendientes. por ejemplo, saneamiento donde la inversión ha sido insuficiente. Más allá de que falte esta inversión que es más costosa, los resultados en materia de inclusión social, participación social y de satisfacción e identidad de la gente con su barrio va mejorando y en forma importante.
– ¿Cómo impactan los números de la economía nacional en el propio plan?
– En 2014 teníamos una situación de crisis por la devaluación; 2015 hubo un cierto estancamiento y reflujo, mejoramiento relativo; 2016 fue un año muy crítico; 2017 fue de reactivación y 2018 es hipercrítico. La inestabilidad en la Argentina y lo que se puede medir en general con lo que ocurre con la economía de los hogares es un estancamiento o un empobrecimiento, sino absoluto al menos relativo. Esto no dejó de ocurrir en los barrios más pobres de Rosario y de Santa Fe, en ninguno del país, incluso donde hay alguna prosperidad como Vaca Muerta, Neuquén, donde describen donde los sectores no ligados a los nuevos emprendimientos padecen situaciones de empobrecimiento. El empobrecimiento es algo más general. Los datos económicos afectan fuertemente por dos o tres motivos: en primer lugar el presupuesto provincial es careciente, la capacidad del Estado provincial o municipal de intervenir en políticas integrales de desarrollo de infraestructura social y de inclusión social en un contexto de déficit fiscal y empobrecimiento del recurso, queda debilitado; segundo, los hogares dejan de ser actores copartícipes del proceso o socios de un proceso de mejoramiento del barrio, vivienda, de sus condiciones de hábitat. Se deja de arreglar la vivienda, se dejan inversiones en infraestructura, se deja de pagar impuestos, la crisis produce también retracción económica y del compromiso de la comunidad hacia el barrio. Un tercer efecto es el sicológico y subjetivo que genera en la población. Las crisis hacen que cualquier programa de esta naturaleza, por optimista que pueda ser y mucho que pueda proponer en el mediano y largo plazo en inclusión social, crea la sensación de incertidumbre y de fracaso. Hay un decaimiento sicológico de la sociedad en cuanto al futuro de la Argentina, de la economía y del país en general. Todos estos factores afectaron el programa y a pesar de eso, los indicadores son positivos y esto es lo que llama la atención a una evaluación académica. Es muy difícil obtener indicadores positivos en un contexto de retracción y de crisis.
– Usted marca como déficit el de la infraestructura
– Exacto, sigue siendo un déficit y un pendiente. Se entiende que no haya avanzando significativamente porque requiere de inversiones muy importantes dada la escala. Son 66 barrios, miles de personas, a las que hay que abastecer en una infraestructura cuando en décadas no se avanzó en estos temas. Implica un nivel de inversión muy alto que no se puede hacer con recursos provinciales corrientes, que requiere de préstamos, inversión pública nacional. No se logra de un año a otro y menos en el contexto que estamos describiendo. Necesitamos una Argentina que tenga capacidad de estabilizar sus variables macroeconómicas y un Estado Nacional con capacidad de redistribuir, coparticipar recursos de tal envergadura que apoyen estas políticas y estas inversiones, y una provincia de Santa Fe que administre, planifique sus recursos en función de entender que más allá de lo bueno que puede ser la participación social, inclusión y recreación de los jóvenes, condiciones socio culturales de inclusión, también se requiere resolver cuestiones básicas de infraestructura a ciudadanos que viven en situaciones de subciudadanía.
– Ustedes desde el Observatorio miden pobreza, aconsejarían este plan en otras zonas del país, por ejemplo en el conurbano bonaerense para mitigar esos efectos?
– Sin duda, pero la escala convoca a un problema. Ha habido experiencias en Córdoba, en Mendoza o en la propia ciudad de Buenos Aires, pero son uno o dos barrios, que efectivamente producen efectos positivos como el Abre. Pero la escala del conurbano de Buenos Aires implica un nivel de inversión extraordinario. El plan de urbanización de villas que deberá normalizar 4 mil asentamientos, está en el cajón, porque no hay recursos, se busca financiamiento. El plan es replicable pero requiere de recursos y voluntad política. Tener voluntad política para decir esto es prioritario respecto de este otro, cuando la demanda de las clases medias es el subte y la urbanización de una villa pasa a ser un reclamo de un barrio. Lo segundo es tener los recursos para llevarlo a la escala y tercero es tener una organización pública del Estado. Esto no se hace sin un Estado inteligente que aprende de sus errores y sea capaz de gestionar intersectorialmente distintas áreas y a los propios actores y esta es una tarea bastante difícil,. No hay ningún funcionario que sepa hacerlo, hay que aprender. Hay una curva de aprendizaje.
– Cuál es hoy el punto de vista social dominante hoy en las zonas de clase media baja y clases humildes?
– Son sectores que históricamente vienen doblemente excluidos desde el punto de vista de la integración urbana y de todos los servicios públicos de ciudadanía (educación, medio ambiente, recreación, etc). La crisis agrava el problema del trabajo, del empleo, un empleo que siempre ha sido precario en todos estos segmentos, pero la informalidad logra ciertos respiros cuando hay un proceso de recreación económica. Ante un proceso inflacionario y recesivo al mismo tiempo se achican las changas, la actividad del comercio de barrio, el hogar no repara sus casas, no contratan albañiles vecinos para tapar el techo, no arregla la ropa dañada, no compra útiles escolares, cambia su dieta alimentaria.
En esta situación hay algo muy importante que hace distinta esta crisis a la de 2002, no solo por su envergadura sino por su impacto, que tiene que ver con que hoy tenemos un colchón de programas sociales que hace que al menos algo en el bolsillo haya, la gente algo tiene. Mínimamente algunos consumos hay y se la rebuscan de alguna manera pese a que cayeron las changas. Pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo que hacen que incluso haya algo mínimo de mercado aún en los barrios más pobres. Esta situación hace que en este momento la crisis no produzca mayor indigencia, mayor pobreza extrema. Empobrece, pero lo que más empobrece son las capacidades productivas, sociales, morales de construir una sociedad distinta. Clases medias bajas decreciendo, caída de pequeña y mediana empresa que se ve empobrecida, caída de la microempresa familiar, esta es la situación.
Desde las expectativas de un país que quiere crecer cabe la pregunta ¿van a creer cuando venga el rebote o en el rebote el que primero encuentra un comprador vende y que el paquete se lo quede otro y me voy?. Un empobrecimiento de las capacidades productivas de esas clases medias bajas que tienen que progresar pero que entienden que esto es cíclicamente cada vez más, otra vez sopa, como dicen.
Algunos números
Hoy el Plan Abre impacta en 66 barrios de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Pérez. En 2016, el gobernador Miguel Lifschitz profundizó el programa a través del Abre Familia en 17 barrios. En estos 17 barrios el 100% de los niños y niñas relevados asisten al nivel inicial, el 100% de las embarazadas han sido referenciadas con los centros de salud y se realizan controles periódicos. Se realizaron 59 obras de mejoras habitacionales críticas que redujeron en un 35% el déficit en esa área.
En el Plan se construyeron 1.000 viviendas, convenios para mejora del hábitat y el saneamiento, la remodelación de 6 avenidas de acceso y 13.160 conexiones de luz segura; 25 barrios con mejoras en accesos y calles; 14 barrios con mejoras en la provisión de agua potable y 13 con extensión de la red de desagües cloacales. Se construyeron 5 nuevos centros de salud, 3 escuelas y 91 clubes fueron fortalecidos.
En tanto 22.300 jóvenes participaron del programa Nueva Oportunidad, 152 jóvenes realizan sus prácticas laborales en 27 empresas y cooperativas.
Además hay 50 mesas barriales o redes institucionales en funcionamiento y 192 consorcios conformados en complejos de vivienda social.
FUENTE: Diario El Litoral – Escribe Mario Cáffaro