El 2018 fue un año bisagra en relación a la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias: por primera vez en la historia de nuestro país, se debatió en el marco del Congreso de la Nación un proyecto por la despenalización y legalización del aborto. El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no sólo fue tratado en ambas cámaras legislativas, sino que recibió media sanción de las diputadas y diputados que, luego de lo que se considera un debate histórico, aprobaron la iniciativa con 129 votos.
Hoy se cumple 1 año de la media sanción, un día histórico en el que la sociedad civil en su conjunto se reunió en las calles de cada ciudad para exigir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
El resultado de esta votación posibilitó el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación, que se realizó el 8 de agosto, jornada en la que las y los legisladores tomaron la decisión de rechazar la posibilidad de que las mujeres, lesbianas, travestis y trans puedan construir libremente su proyecto de vida.
Debate en el que decidieron que miles de personas gestantes sigan siendo víctimas fatales de abortos clandestinos porque no pueden acceder a una intervención segura, en el marco de un sistema que las contenga, asesore y acompañe.
La penalización del aborto es esencialmente una cuestión de salud pública, porque el aborto inseguro genera serios riesgos para la salud de mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) sostiene que en los países que regulan al aborto bajo un modelo de indicaciones amplias; la incidencia y las complicaciones derivadas de un procedimiento inseguro son menores que en los Estados en los que el aborto es legal pero está restringido.
De acuerdo a nuestro marco jurídico, Argentina adhiere a lo que se conoce como “sistema de causales”. Esto quiere decir que el aborto está penalizado, a excepción de determinados supuestos, que quedan delimitados en el Artículo 86 del Código Penal la Nación; a saber: a) en caso de peligro para la vida o salud de la mujer y b) en caso de violación o atentado al pudor de mujer “idiota o demente”.
Sin embargo estos procedimientos han sido (y siguen siendo) frecuentemente limitados en la práctica debido, principalmente, a la interpretación restrictiva de los causales, a la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y a la judicialización indebida.
Por otro lado, la ausencia de plazos máximos para las decisiones profesionales, administrativas o judiciales, genera demoras en la producción del diagnóstico y la prestación del servicio, lo que puede prolongar el riesgo físico y de muerte y causar serios daños en la mujer por las múltiples instancias y la prolongación de una gestación que se intenta interrumpir.
En marzo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a través del caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”) dictó una sentencia histórica, a través de la cual reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por ley y resaltó el deber del Estado de desmontar las barreras y obstáculos.
Por esta razón, concluyó que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones; así como exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a ejercer su derecho.
A 7 años del fallo, sólo 12 de nuestras 23 provincias han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan en buena medida a los criterios establecidos por la CSJN.
Sin embargo, todas las semanas se conocen casos en los cuales no se garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo.
Donde la normativa o las prácticas son ambiguas y existe la amenaza de la penalización, se favorece la estigmatización de las mujeres y su acceso efectivo a un aborto legal.
La despenalización y la legalización resultan instancias fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
En ese marco, las elecciones se transforman en una instancia decisiva en la lucha por nuestros derechos.
El voto no sólo es una herramienta para elegir a nuestros y nuestras representantes; es un momento de protagonismo que tenemos como sociedad para definir cuál será nuestra historia futura. Es una oportunidad para decidir quienes, no sólo en los discursos sino también en los hechos, serán los responsables de que accedamos a un sistema de salud pública de calidad o que permanezcamos en la clandestinidad.
Senadores y senadoras que avalan la clandestinidad
- Alperovich, José Jorge
- Basualdo, Roberto Gustavo
- Blas, Ines I.
- Boyadjian, Miriam Ruth
- Braillard Poccard, Pedro
- Brizuela y Doria, Ines
- Bullrich, Esteban
- Closs, Maurice
- Cobos, Julio
- Crexell, Carmen Lucila
- De Angeli, Alfredo Luis
- Elias de Perez, Silvia Beatriz
- Espínola, Carlos Mauricio
- Fiad, Mario R.
- Fiore Viñuales, María C. del Valle
- García Larraburu, Silvina Marcela
- Giacoppo, Silvia del Rosario
- González, María Teresa Margarita
- Iturrez de Cappellini, Ada Rosa
- López Valverde, Cristina
- Marino, Juan Carlos
- Martínez, Julio
- Mayans, José Miguel Ángel
- Menem, Carlos Saúl
- Mera, Dalmacio
- Montenegro, Gerardo Antenor
- Pinedo, Federico
- Perotti, Omar Angel
- Poggi, Claudio
- Porcel de Riccobelli, Blanca
- Reutemann, Carlos Alberto
- Rodríguez Saá, Adolfo
- Romero, Juan Carlos
- Rozas, Ángel
- Snopek, Guillermo
- Solari Quintana, Magdalena
- Tapia, María Bélen
- Uñac, José Rubén.
- Urtubey, Rodolfo Julio
- Varela, Marta
Senadores y senadoras a favor de la legalización
- Aguilar, Eduardo Alberto
- Almirón, Ana Claudia
- Caserio, Carlos Alberto
- Castillo, Oscar Aníbal
- Catalán Magni, Julio César
- Costa, Eduardo
- Durango, Norma Haydee
- Fernández de Kirchner, Cristina
- Fernández Sagasti, Anabel
- Fuentes, Marcelo Jorge
- González, Gladys
- González, Nancy Susana
- Guastavino, Pedro Guillermo Angel
- Ianni, Ana María
- Kunath, Sigrid Elisabeth
- Lovera, Daniel Aníbal
- Luenzo, Alfredo Héctor
- Martínez, Ernesto Félix
- Mirkin, Beatriz Graciela
- Odarda, María Magdalena
- Ojeda, José Anatolio
- Pais, Juan Mario
- Pereyra, Guillermo Juan
- Petcoff Naidenoff, Luis Carlos
- Pichetto, Miguel Ángel
- Pilatti Vergara, María Inés P. E.
- Rodríguez Machado, Laura Elena
- Sacnun, María de los Ángeles
- Schiavoni, Humberto
- Solanas, Fernado Ezequiel
- Verasay, Pamela